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avaluo y rol · caducable

¿Qué certificado de avalúo me piden para regularizar?

Si regulariza por la Ley 20.898, el certificado de avalúo a la fecha de publicación de esa ley, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos.

¿Qué certificado de avalúo me piden para regularizar?

El certificado de avalúo a la fecha de publicación de la Ley 20.898. Lo otorga el Servicio de Impuestos Internos y es el documento de la letra d) del artículo 2º de esa misma ley.

No es el avalúo de hoy. Es el que regía a esa fecha.

¿Dónde dice eso la Ley del Mono?

En la letra d) del artículo 2º de la Ley 20.898, y el texto es corto: «Certificado de avalúo a la fecha de publicación de esta ley, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos».

La Ley 20.898 se publicó el 4 de febrero de 2016, y esa es la fecha que el certificado debe reflejar.

El numeral 3 del artículo 1º de la Ley 20.898 dice lo mismo por el otro lado: «El avalúo se acreditará con el certificado otorgado por el Servicio de Impuestos Internos».

Qué es el documento en general lo explica el certificado de avalúo fiscal.

¿Por qué la fecha importa tanto?

Porque el avalúo se mueve. El artículo 9 de la Ley 17.235 dispone que los avalúos «se reajustarán semestralmente a contar del 1 de enero y 1 de julio».

El mismo artículo 9 de la Ley 17.235 agrega una salvedad: el Presidente de la República «podrá suspender la aplicación de los reajustes» para el segundo semestre de cualquier año.

Y el artículo 10 de la Ley 17.235 permite al Servicio de Impuestos Internos modificar el avalúo por causales como errores de cálculo o cambio de destino del predio.

Por eso el tramo no se mide con el avalúo que aparece hoy en su recibo de contribuciones. Más sobre qué es el avalúo fiscal.

¿Qué tope se mide con ese certificado?

Depende del tramo al que se acoja.

El numeral 3 del artículo 1º de la Ley 20.898 pide un avalúo fiscal «de hasta 1.000 unidades de fomento». Ese mismo numeral 3 trae una excepción: las viviendas beneficiadas por subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo «para el mejoramiento y/o ampliación de la vivienda» pueden superar ese avalúo.

El numeral 4 del artículo 1º de la Ley 20.898 pone el otro tope: la superficie edificada no debe exceder «de 90 metros cuadrados», con la misma excepción por subsidio.

El artículo 3º de la Ley 20.898 abre un tramo mayor: viviendas de hasta 140 metros cuadrados, «siempre que su avalúo fiscal no supere las 2.000 unidades de fomento».

Ese mismo artículo 3º de la Ley 20.898 excluye un caso en área rural: quedan fuera las viviendas construidas «en subdivisiones aprobadas conforme al decreto ley Nº 3.516».

El avalúo es un requisito entre varios. El artículo 1º de la Ley 20.898 exige seis, y el certificado solo acredita el tercero. Qué es esta vía lo explica la Ley del Mono.

¿Qué documentos van junto al certificado?

El artículo 2º de la Ley 20.898 manda presentar, junto a la solicitud de permiso y recepción simultánea, otros cinco documentos:

  • Declaración simple del propietario, en que señale ser titular del dominio y que no existen las reclamaciones del número 5) del artículo 1º.
  • Especificaciones técnicas resumidas, un croquis de ubicación y un plano de emplazamiento a escala 1:500. También planos a escala 1:50 de todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo. Y un cuadro de superficie total construida y superficie de terreno.
  • Informe del arquitecto o de un profesional competente. Certifica dos cosas, no una. Primero, que la vivienda cumple las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores del número 6) del artículo 1º. Segundo, «que no se emplaza en los terrenos a que se refiere el número 2)» de ese mismo artículo 1º. Debe acompañar además los antecedentes que corroboren que la vivienda existía a la fecha de publicación de la ley.
  • Formulario único de estadísticas de edificación o certificado de ingreso electrónico de dicho formulario.
  • Copia del certificado de subsidio, solo en las solicitudes financiadas conforme al artículo 15 de la ley.

Esa segunda certificación de la letra c) es la que deja fuera a más gente. Y no se nota al leer la lista de corrido.

El número 2) del artículo 1º de la Ley 20.898 exige «no estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público». Ese mismo número 2) del artículo 1º agrega una segunda frase: «tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial». Si el profesional no puede firmar eso, el certificado de avalúo no le sirve de nada. La solicitud no pasa.

¿Cambia la lista en el tramo de 140 metros cuadrados?

Sí. El artículo 3º de la Ley 20.898 arma su propia lista y pide los documentos «señalados en los literales a), b), c) y d) del inciso primero del artículo 2º».

El certificado de avalúo es justamente ese literal d), así que en este tramo también va.

A esos agrega el «Proyecto de cálculo estructural, cuando corresponda» y el «Formulario único de estadísticas de edificación».

¿Hay casos en que no piden certificado de avalúo?

Sí. El Título II de la Ley 20.898 no lo pide.

Ese Título regula microempresas inofensivas y equipamiento social. El artículo 6º de la Ley 20.898 enumera los documentos de ese Título y ninguno es un certificado de avalúo.

El artículo 5º de la Ley 20.898 tampoco fija un tope de avalúo. Mide la superficie edificada en el predio: «inferior o igual a 250 metros cuadrados» en las microempresas inofensivas y «inferior o igual a 400 metros cuadrados» en los equipamientos sociales.

El Título III no es ese caso: ahí el avalúo sí se exige. Su artículo 9º pide cumplir «con los requisitos establecidos en los numerales 1) a 4) del artículo 1º» de la Ley 20.898, y el avalúo es el numeral 3.

Lo que cambia ahí es quién junta el papel. No lo presenta el propietario sino el servicio. El artículo 10 de la Ley 20.898 manda a los servicios de vivienda y urbanización acompañar «un certificado que acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior».

Pero antes de mirar esa lista, mire si la puerta sigue abierta. No lo está.

El Título III nunca fue una vía general. El artículo 9º de la Ley 20.898 lo reservó a las viviendas «financiadas con subsidios otorgados en llamados especiales para atender la catástrofe del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010». Ese mismo artículo 9º las quiere emplazadas en las zonas de catástrofe que declaró entonces el Ministerio del Interior. Y destinadas a personas del listado de damnificados de esa catástrofe.

La ventana de dos años tampoco está donde parece. No la fija el artículo 10 sino el artículo 9º de la Ley 20.898. Ese artículo 9º facultó a los SERVIU para obtener el permiso y la recepción «en el plazo de dos años contado desde la publicación de esta ley». La Ley 20.898 se publicó el 04-02-2016. Ese plazo venció, entonces, el 04-02-2018.

La Ley 21.725 no lo revivió. Esa ley, de 2025, sí amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo del artículo 1º. Pero el artículo único de la Ley 21.725 modifica los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 14 y 15 e incorpora un artículo 17. El artículo 9º no figura en esa lista. La prórroga del Título I no arrastró al Título III.

¿Es el mismo certificado que pide una subdivisión?

No. Ahí el certificado es otro y la fecha también.

El artículo 3.1.2 de la OGUC pide, para aprobar un proyecto de subdivisión, «Original o copia autorizada por Notario del certificado de avalúo fiscal vigente». El artículo 3.1.4 de la OGUC pide ese mismo documento para el anteproyecto de loteo.

Vigente no es lo mismo que a la fecha de publicación de la ley. Si hace los dos trámites, va a necesitar los dos certificados.

Qué hacer ahora

Pida en el Servicio de Impuestos Internos el certificado de avalúo referido a la fecha de publicación de la Ley 20.898. El costo del certificado se consulta en el mismo Servicio.

Revise después los otros cinco requisitos del artículo 1º de la Ley 20.898. El avalúo por sí solo no define si la vivienda entra.

Y tenga presente el calendario: el artículo 1º de la Ley 20.898 permite usar esta vía «hasta el 31 de diciembre de 2027». El artículo 17 precisa que ese plazo es para ingresar la solicitud ante la dirección de obras municipales, «sin perjuicio de que la tramitación culmine en una fecha posterior».

Si lo suyo es una ampliación nueva y no una regularización, el nodo que corresponde es la declaración jurada del DS 10.


Verificado el 2 de octubre de 2026 contra la Ley 20.898 consolidada, la Ley 17.235 y la OGUC.

Verificado al · revisión anual · Ley 20.898 · Ley 17.235 · DL 3.516 · OGUC

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